Pese a lo extraño que pueda sonar, en sí, y dado que es un organismo político, el gobierno vaticano es considerado una monarquía absolutista, electiva y teocrática (liderada por un cuerpo religioso). El país, independizado el 11 de febrero de 1929 del Reino de Italia mediante el Pacto de Letrán, está gobernado por un jefe de Estado, el Papa, elegido por un cónclave especial reunido por el Sacro Colegio Cardenalicio (asignado, a su vez, por el pontífice anterior).

Como en cualquier estado, además, el Vaticano tiene sus propias estructuras para hacer cumplir los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, de acuerdo con la Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano y la Constitución Apostólica vigente. Encargada de hacer y renovar leyes, la función legislativa recae en la Comisión Pontífica, cuyo presidente ejercerá también la ejecutiva, al hacer que las leyes se cumplan. Este mismo presidente se encarga además de una de las labores más importantes del Vaticano, las relaciones exteriores mediante su Servicio Diplomático. Por último, pero no menos importante, será el Tribunal Supremo el único en tener poder judicial, encargado también de controlar la Guardia Suiza, único cuerpo policial valido dentro de los límites del microestado y, por lo tanto, encargados de la defensa.

El segundo al mando en el gobierno vaticano, por su parte, es el Secretario de Estado.

El partido conservador -de “centro reformista” según los estatutos- español fue fundado oficialmente en 1989, cuando la que hasta el momento era Alianza Popular adoptó la actual denominación. AP, por su parte, había sido creado por Manuel Fraga en 1976, lo que le sirvió para ser uno de los padres de la democracia y la constitución.

Lo que inicialmente era una federación de partidos acabó refundada como un partido con todas las de la ley, fortificado y con una mayor cohesión que sirvió a la derecha para hacer fuerza en el congreso y senado. Así, por el camino, lo que había sido originado por un grupo de ministros franquistas acabó absorbiendo a centristas, derechistas, democristianas y liberales, aunque con Fraga de nuevo en la presidencia.

Desde entonces, el PP a nivel estatal ha contado con dos presidentes del Gobierno: José María Aznar (1996-2004) y Mariano Rajoy (2011). A contado, además, con diversos secretarios generales ilustres en la clase política patria, siendo la última Maria Dolores de Cospedal.

En la actualidad, forma parte de forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), y de la Unión Internacional Demócrata (IDU), y cuenta con diversas delegaciones regionales. Si bien durante este tiempo ha tenido escisiones a nivel nacional (UCD, FORO Asturiano), también ha contado con diversas coaliciones y fusiones, como la de Centro Democrático y Social (CDS) o Unió Valenciana.

En 2013, Barack Obama ha sido investido como el cuadragésimo-cuarto Presidente de los Estados Unidos de América por segunda vez -el primer afroamericano. Eso significa que 43 comandantes en jefe antes, comenzando por el ínclito e independiente militar -nunca político- George Washington, juraron el cargo frente a los estadounidenses, a lo largo de una agitada historia en la Casa Blanca salpimentada por conflictos, sangre, guerras, discursos, momentos históricos y algún que otro asesinato derivados en sustituciones vice-presidenciales. ¿Quiénes son los presidentes de los EEUU?

Algunos son de lo más icónicos. Otros, en cambio, completamente olvidables. Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt o John F. Kennedy, por ejemplo, están indudablemente en el subconsciente de cada uno de los norteamericanos. Aún así, detrás de (casi) todos ellos hay una historia interesante, desde la publicitada renuncia de Richard Nixon -tras el escándalo Watergate- hasta la proclamación del gran héroe de la Guerra Civil, Ulysses S. Grant, como presidente de todos por igual, pasando incluso por las muertes naturales en la oficina de cuatro de ellos (William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding, y Roosevelt) y los cuatro asesinatos de otros tantos (Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, y Kennedy). Incluso los nombres que se quedaron en la carrera o los vice-presidentes tuvieron su propia voz y fueron interesantes por sus propios méritos.

Según la RAE, la oligarquía es la “forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social“, esto es, un gobierno compuesto por pocos, pertenecientes normalmente a una misma clase social e ideología. Etimológicamente, no en vano, en griego ‘olígos’ significa pocos, mientras que ‘archo’ se traduce como gobernar o mandar.

Aristóteles fue el encargado de acuñar el término en la antigua Grecia, donde las oligarquías tomaban una forma tiránica, como una degeneración negativa de aristocracia (gobierno de los mejores). Platón, por ejemplo, citaba a los Treinta Tiranos, un grupo de magistrado que gobernó la Atenas de su tiempo. Desde entonces, la Europa antigua tuvo que surcar a través de múltiples oligarquías, como lo han hecho en tribus de África e India. La Sudáfrica de gran parte del siglo XX o la Unión Soviética -donde sólo miembros del Partido Comunista podían votar- serían buenos ejemplos, aunque propiamente distintivos. Algunos autores incluso se han atrevido a caracterizar EE.UU. como una oligarquía, puesto que, pese a lo que diga el idílico “sueño americano”, el sistema político está normalmente limitado a una pequeña élite, normalmente asociada con las Universidades de Yale y Harvard.

Habitualmente, la oligarquía tiene más similitudes con una dictadura que con la democracia, así como a la plutocracia (gobierna el más poderoso). Curiosamente, el más famoso casi es probablemente el gobierno oligarca del clásico de George Orwell ’1984′.

Sin embargo, el término se utiliza actualmente en otro campo, para describir las oligarquías corporativas, no exentas tampoco de poder político. Grupos de pocos lobbies o compañías poderosas que acaparan la práctica totalidad de su sector.

La primera enmienda, que regula la libertad de culto, expresión, prensa, petición, y de reunión, es poco discutible, pero cuando llegamos a la segunda, la polémica está servida. ¿Qué dice la segunda enmienda a la Constitución estadounidense?

Literalmente se puede leer en la enmienda: “A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed“, o lo que es lo mismo, en el idioma de Cervantes, “La necesidad de una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido“. Lenguaje bélico y belicista que nos retrotrae hasta un época muy distinta, en un estado donde las armas calmaban los ánimos ante la posibilidad de una guerra inminente, una invasión de los británicos o la venida de un gobierno no democrático.

Sin embargo, los más conservadores, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) han querido llevar esta afirmación siempre hasta el extremo, tratando de luchas contra cualquier tipo de regulación que limitara el uso de armas de fuego. Así no se acepta ni siquiera el control de las municiones o las armas más potentes, aunque prohibiciones en otros países han demostrado que las medidas funcionan. Tan obsesionados están en tomarse como excusa esta enmienda que dice que la solución que da es que todos los ciudadanos formen una “milicia” armada. Las llaga del lenguaje de las armas, por conclusión, está profundamente clavado en la identidad estadounidense, pero, aunque el fondo sea complicado de cambiar, la forma no es imposible de limitar.

Las diez enmiendas fueron propuestas el 25 de septiembre de 1789 y promulgadas el 15 de diciembre de 1791. Desde entonces, los poderes políticos estadounidenses sólo han ratificado quince enmiendas adicionales, entre las que se encuentran el sufragio femenino, la ley seca o la promulgación del mínimo para votar en 18 años.

Pese a que no sea un término político habitual de todos los sistemas políticos, y cada vez sea menos utilizado en los que sí lo contemplan, el impeachment es uno de los procedimientos más ilustres de la política anglosajona. Protagonista de algunos de los momentos presidenciales más conflictivos de la historia, incluso salpicó a un gobierno tan reciente como el de Bill Clinton. ¿Qué es un impeachment?

En el sistema presidencial y federal estadounidense, donde la moción de censura por parte del parlamento es imposible dada la elección de manera directa del Comandante en Jefe por el pueblo (y no por la cámara alta como en España, por ejemplo), el impeachment es el único método que puede obligar a destituir al presidente, siempre de la mano de uno de los cuerpos constitucionales.

En dicho sistema, sólo la cámara de representantes tiene el poder de llevar a cabo este importante y decisivo paso, la primera de dos votaciones para castigar penalmente al gobernante por un delito. Sin embargo, el impeachment no tiene por qué ir de la mano per se con una destitución.

El movimiento es uno que los políticos solo hacen en caso de causas extremas. No en vano, sólo dos presidentes -demócratas ambos- lo han sufrido en sus propias carnes, y en ninguna ha progresado. Contrario a la creencia popular, la cámara de representantes no llegó a preparar el impeachment para Richard Nixon, que resignó de su cargo antes de enfrentarse al juicio público.

El primero en ser juzgado a través de este procedimiento fue Andrew Johnson en el año de 1868, después de violar la recién creada ley de la Tenure of Office Act, que restringía el poder del presidente, frente al Senado, a la hora de cambiar algunos de los poderes públicos. La votación no logró los dos tercios necesarios en la cámara para condenarlo. De hecho, la ley acabó siendo declarada inconstitucional.

Un mayor revuelo creó el proceso que se abrió en 1998 contra Bill Clinton, liderado por el jefe de la mayoría republicana en la cámara, Newt Gingrich, y que se convirtió en la comidilla de los medios durante semanas. La Casa de Representantes lo juzgo por perjurio -por haber mentido ante un gran jurado- y obstrucción a la justicia, al mismo tiempo que lo libró de artículos que lo culpaban de acoso sexual contra Paula Jones y abuso de poder. No obstante, el senado, en la segunda votación, lo absolvió de todos los cargos -por no llegar, nuevamente, a la mayoría de dos tercios- y el impeachment no prosiguió.

También la justicia británica cuenta con su propio modelo de impeachment. En teoría, todas las personas, civiles o en cargos públicos, pueden ser juzgados. En los tiempos modernos, sin embargo, el procedimiento prácticamente ha desaparecido del sistema, y muchos juristas lo consideran obsoleto.

Desde tiempos inmemoriales, España ha sido un país convulso. Desde que la monarquía comenzara a perder su fuerza y a resquebrajarse su forma antigua -de la mano de cambios de casas, herencias cuestionables y guerra de sucesión y secesión-, no hubo momento para la tranquilidad. Repúblicas, monarquías y dictaduras mediante, la primera mitad del siglo XX “brilló” por la desmedida cantidad de golpe de estados, que acabarían empujando la infame Guerra Civil.

Incluso aunque todo tipo de levantamiento popular y militar se parara posteriormente de la mano de una cruenta dictadura -postulada a través de un Golpe de Estado-, no pasó mucho tiempo después de la muerte de Franco para que los españoles se apuntaran otro golpe de Estado para su lista. Los golpistas esta vez, unos militares capitaneados por Tejero, luchaban por el deseo de volver al régimen que durante cuarenta años había dejado en las cenizas a un país. ¿Cuántos golpes de estado ha habido en España?

Lo primero que debemos hacer para proseguir con la explicación es definir el concepto de ‘Golpe de Estado’. Así lo describe la RAE: “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes“.

El origen de la expresión, en francés coup d’État, viene del París de siglo XVIII, cuando el Rey organizaba una serie de motines contra el Estado con los que refrendar su poder y autoridad, deshacerse de sus enemigos y mantener el bien común. Ya en el siglo XIX comenzaron a ser otros de los estamentos y poderes del estado quienes comenzaron a atentar contra la legitimidad del mismo. El concepto es sucintamente diferenciable al de revolución, donde son fuerzas civiles ajenas las que no reconocen el poder.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, éstos son los golpes de estado españoles del siglo XX:

1923: El Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera aprovechó una calamitosa España para alinear a la mayoría de las tropas militares en un directorio militar, frente a la incapacidad del rey Alfonso XIII y la impopular Guerra contra Marruecos -coronada con el desastre de Annual. Suspendieron la constitución y se erigió uno de los primeros regímenes autoritarios de Europa, amigo del emergente fascismo italiano de Mussolini. Aunque pasó por varias transiciones, convirtiéndose al final de sus días en un directorio civil más abierto, la dictadura de Primo de Rivera duró siete años. Al terminar, se llevó por delante también al monarca, de lo que acabaría naciendo la “Dictablanda” y la convulsa Segunda República.

1930: Puesto que su fuerza fue ínfima, y su construcción calamitosa, la sublevación republicana de Jaca no es considerada por muchos un golpe de estado. Llevado a cabo en el crepúsculo de la monarquía por el Comité Revolucionario, su objetivo era proclamar la ansiada Segunda República, aunque terminó con los militares republicanos encarcelados, fusilados o juzgados. Su sueño, por lo menos, se cumplió un año más tarde.

1932: La Segunda República fue testigo de la tradición bianual de preparar golpes de estado. Pese a que muchos no tuvieran influencia, la sucesión de problemas, al final, terminaría por derrocar el modelo republicano. El primero estuvo orquestado por el general Sanjurjo, y se le conoce popularmente como la Sanjurjada. El fallido golpe de estado nació en Sevilla, donde la derecha militar se sublevó para acabar con la presidencia de Manuel Azaña. Pese a triunfar en la capital andaluza, el Gobierno hizo que el movimiento fracasara en Madrid, por orden y gracia de un soplo entre los militares. Sanjurjo fue condenado a muerte, pero nunca castigado. No en vano, el general sería uno de los promotores del fatídico golpe de estado del 36, aunque. Poco después, murió en un misterioso accidente aéreo gracias al que Mola y Franco tomarían el mando.

1934: Lo que comenzó como un movimiento de huelga de UGT y PSOE, se transformó en un golpe de estado con todas las de la ley. A estas alturas, el segundo bienio de la república era liderado por el Partido Republicano Radical con el apoyo de la CEDA, la derecha católica, algo que no gustaba a la izquierda. La modificación de la ley electoral afectaba a partidos como el PSOE de manera directa. Aún teniendo más votos, contaban con menos escaños, por arte de la aritmética. La mecha acabó explotando en este golpe de estado, o huelga insurreccional, que terminó siendo controlado por el gobierno con la ayuda del ejercito.

1936:Este golpe de estado es, por supuesto, el más importante para entender el devenir de la España del siglo XX. El que propiciaría la Guerra Civil primero, y la larga dictadura de Franco después. Tras este organizado levantamiento militar contra la República, nada volvería a ser igual. Las fuerzas de la derecha y las milicias lo tenían todo perfectamente estructurado, en diferentes puntos de la península ibérica, mientras que la izquierda estaba completamente desbandada y sin una cabeza clara. Lo que ocurrió a posteriori, a nadie se le escapa.

1939: Otro pequeño golpe frustrado para la izquierda. Acabando ya la guerra, y como muestra de la bipolaridad de la izquierda, el coronel Segismundo Casado se sublevó contra el sitiado gobierno madrileño de Negrín, puesto que pensaba que el Presidente iba a ceder el poder al PCE. De este modo, mientras que el otro bando dejaba claro que no se andaba con chiquitas, la capital vivió una lucha encarnizada entre comunistas, socialistas y anarquistas.

1981: Icónico como ningún otro -gracias a la magia de la televisión- el frustrado resultado del golpe de estado de Antonio Tejero ha convertido al suceso en una broma recurrente, en un renglón suelto. Sin embargo, de haber cumplido sus objetivos, contaríamos una historia muy distinta. No contentos con 40 años de dictadura, un grupo de golpistas tomaron el parlamento dispuestos a acabar con la transición democrática. La unidad del país y todos sus estamentos, no obstante, luchó por su fin y, el suceso acabó forjando la incipiente democracia. Muchos consideran el 23-F de 81, no en vano, como el verdadero final de la transición.

Last but not least, que dicen los anglosajones. Curiosamente, la mayoría de golpes de estado del siglo XX ocurrieron en países de habla hispana, aunque el récord de estos últimos cien años, lo tiene Chile, que sumó hasta 10. Argentina le sigue de cerca con siete levantamientos militares.

Por tanto, sobre el comienzo de la Transición quedan pocas dudas. El camino hacia la democracia en España comienza al morir Franco, el 20 de noviembre de 1975. Su sucesor, el Príncipe Juan Carlos, fue proclamado Rey dos días después. Él sería el encargado de mantener el régimen vigente con Franco o alterar su rumbo para hacerlo más parecido a las democracias de Europa occidental. Como bien es sabido, Juan Carlos optó por la segunda vía, aunque aquí hay matices según a quien se pregunte, argumentando unos que el cambio no se llegó a completar mientras otros aseguran que el cambio de un régimen a otro fue ejemplar y notorio.

El cambio, por tanto, no fue de la noche a la mañana, y por ello la Transición fue larga y tuvo varias etapas. Tanto que, como ya hemos dicho, algunos políticos e historiadores consideran que la Transición en España es incompleta, ya que se mantienen los mismos órganos que en el antiguo Régimen, no se solucionan algunos de los problemas históricos de España como nación y que ya existían con Franco, etc…

Sin embargo, la mayoría pone el final de la Transición con la celebración de las elecciones generales de octubre de 1982, las primeras tras la intentona golpista de los militares el 23-F en 1981, y cuyo fracaso fue un refuerzo para el nuevo tiempo democrático. La victoria en estas elecciones del Partido Socialista Obrero Español, un partido muy importante durante la II República (época previa a la dictadura de Franco), fue el comienzo de un nuevo tiempo político en España.

La crisis económica está afectando también a la estabilidad socio política del país. La deuda de las Comunidades Autónomas hace que éstas estén empezando a pedir su propio rescate y se debate sobre la pertinencia de mantener el actual reparto de competencias. Además, el independentismo avanza imparable, especialmente en Cataluña y algunos partidos ya proponen que la solución sería un modelo de estado federal.

Pero ¿qué es exactamente un estado federal? Ante la duda de si España quedaría dividida si se organizara en un estado federal, podemos fijarnos en países que ya han adquirido ese modelo como EEUU y Alemania cuyo federalismo no implica separación, sino una mayor unión entre los estados. En realidad el estado federal es un sistema de organización política descentralizado, que distribuye las competencias entre los diferentes estados federados. No es algo muy diferente a la actual organización por Comunidades Autónomas.

El reparto de competencias es el asunto clave de la organización política de un estado federado. En este sentido se diferencia el modelo de federalismo clásico del asimétrico, donde unos estados tendrían una mayor capacidad de autogobierno que otros, por lo tanto, el margen de maniobra de cada estado para su gestión dependería de cómo se hiciese la distribución de competencias.

En un modelo federal, cada estado tendría su Constitución que viene a equivaler a los actuales Estatutos de Autonomía. Por otra parte, los representantes de cada estado participan de la legislación general de toda la federación con un sistema muy similar al del Senado de nuestro modelo de autonomía. En cualquier caso, no es seguro que un estado federal vaya a ayudarnos a salir de la crisis, lo que sí es seguro, es que el camino hacia un modelo federal pasa por una reforma de la Constitución y por el acuerdo entre todos los partidos políticos.

La Carta de las Naciones Unidas es el documento que se firma para fundar las Naciones Unidas, y que sirve como una especie de constitución interna. Es lo más parecido que hay a unas reglas de funcionamiento interno que rigen este organismo supranacional, surgido en 1945, tan solo un mes después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, de la caída de Hitler.

Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas sirve como base para dar forma a las distintas instituciones de las que está compuesto las Naciones Unidas.

Formado por un preámbulo y varios artículos que se distribuyen a lo largo de 14 capítulos, la Carta establece las obligaciones de las Naciones Unidas por encima de las demás obligaciones del tratado.

En un principio, fue ratificado por todos los países con los que se fundó la ONU, (51 miembros). Entre ellos estaban Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China, las potencias que salieron victoriosas de la Guerra Mundial y que se aseguraron un puesto permanente en el órgano del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, más países se incorporaron a las Naciones Unidas y ratificaron la Carta.

El único caso excepcional es de El Vaticano, que ha optado por quedarse en un segundo plano y seguir siendo un estado permanente de observación, por lo que no es considerado como un completo signatario de la Carta de las Naciones Unidas.